La “inviolabilidad de la propiedad privada” abre la puerta a la entrega de territorios, agua y soberanía
El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en el Senado para el proyecto denominado “Inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa que modifica de manera drástica el régimen de tierras rurales en la Argentina y elimina los límites históricos a la extranjerización del territorio nacional.
Bajo el argumento de garantizar seguridad jurídica, el texto impulsa una desregulación total que habilita la compra de tierras por actores extranjeros y deja abiertas zonas sensibles vinculadas al agua, los recursos minerales y la soberanía territorial.
La Libertad Avanza logró el respaldo de comisiones clave para avanzar con una reforma que desarma los principales artículos de la Ley de Tierras Rurales (26.737), sancionada en 2011 para limitar la concentración extranjera sobre recursos estratégicos.
Especialistas y sectores de la oposición advierten que se trata de un cambio estructural con consecuencias geopolíticas de largo alcance.
Según trascendió en distintos medios nacionales, el proyecto original impulsado por Javier Milei incluía una única restricción: impedir la venta de tierras a Estados extranjeros.
La cooperación, siempre invaluable, de las provincias
Sin embargo, durante las negociaciones parlamentarias el oficialismo incorporó una excepción que permitiría a las provincias impulsar “proyectos de cooperación” para habilitar operaciones de compra por parte de gobiernos extranjeros, siempre con autorización del Poder Ejecutivo Nacional.
Con el nuevo esquema, provincias como Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego podrán fijar criterios propios. Algunas podrían flexibilizar controles para atraer inversiones vinculadas al turismo, la minería o la energía. Otras podrían sostener restricciones por razones ambientales, sociales o de seguridad territorial.
La modificación fue interpretada como una concesión política a gobernadores aliados, entre ellos Alfredo Cornejo, y encendió alarmas por la amplitud y vaguedad del mecanismo.
Durante el debate legislativo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió la iniciativa utilizando como ejemplo la Base Espacial de la Unión Europea instalada en Malargüe, Mendoza.
Sin embargo, juristas y especialistas en soberanía territorial señalan que el texto no establece con claridad cuáles serán los mecanismos institucionales para autorizar este tipo de cesiones: no define si deberán aprobarse por ley provincial, decreto o simple resolución administrativa. Esa indefinición podría facilitar futuras instalaciones militares, científicas o logísticas de potencias extranjeras sobre territorio argentino.
Qué cambia con la reforma impulsada por el oficialismo
El dictamen elimina prácticamente todas las restricciones que limitaban la extranjerización de tierras rurales:
- Se deroga el límite nacional del 15% de tierras en manos extranjeras.
- Se elimina el tope del 30% por nacionalidad.
- Se borra el máximo de 1000 hectáreas por titular extranjero.
- Se flexibilizan controles sobre zonas de seguridad de frontera.
- Se eliminan restricciones vinculadas a cuerpos de agua estratégicos.
La reforma también desprotege recursos hídricos claves, especialmente en la Patagonia, donde distintos sectores económicos buscan avanzar con proyectos vinculados a centros de procesamiento de datos e Inteligencia Artificial.
Expertos sostienen que grandes corporaciones tecnológicas requieren enormes volúmenes de agua y energía para operar hubs de data centers, lo que convierte a lagos, ríos y acuíferos argentinos en activos estratégicos de enorme valor geopolítico.
RIGI, minería y el nuevo esquema extractivista
La iniciativa se articula con otras reformas impulsadas por el gobierno nacional, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y los cambios promovidos sobre la Ley de Glaciares. Distintas organizaciones ambientales denuncian que el objetivo es consolidar un nuevo esquema extractivista orientado a facilitar el desembarco de grandes corporaciones mineras y energéticas.
Datos relevados por el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Observatorio de Extranjerización de la Tierra muestran que en departamentos como Iglesia, en San Juan, la extranjerización efectiva ya ronda el 24,95%, con alrededor de 450.000 hectáreas bajo control privado extranjero en zonas cercanas a glaciares inventariados y explotaciones mineras de gran escala.
En Antofagasta de la Sierra, Catamarca, proyectos vinculados al litio operados por empresas multinacionales ocupan extensiones que, según especialistas, ni siquiera aparecen correctamente registradas en los sistemas oficiales, reflejando un proceso histórico de subregistro territorial.
Soberanía, recursos naturales y disputa geopolítica
La avanzada sobre tierras rurales ocurre en un contexto más amplio de reformas que afectan áreas estratégicas del Estado argentino. El desguace de organismos científicos y energéticos, las alianzas militares con Estados Unidos y la liberalización de recursos naturales forman parte de un nuevo esquema de inserción internacional impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Distintos sectores políticos, académicos y sociales advierten que la combinación entre desregulación territorial, flexibilización ambiental y apertura irrestricta al capital extranjero configura una transformación profunda del mapa nacional: un modelo basado en enclaves extractivos, privatización de recursos estratégicos y pérdida de control estatal sobre áreas sensibles.
Para sus críticos, el proyecto consolida un paradigma de soberanía subordinada donde el territorio argentino queda sometido a intereses corporativos y geopolíticos externos, debilitando las capacidades regulatorias del Estado y poniendo en discusión el control sobre bienes comunes fundamentales como el agua, los minerales y la tierra.
En dos semanas, el Senado definirá si Argentina modifica uno de los marcos legales más sensibles vinculados a la tierra y los recursos naturales. En la Patagonia, donde la presencia extranjera sobre grandes extensiones lleva décadas generando controversias, el debate ya volvió al centro de la escena.
